6 de febrero de 2011

La diferencia entre hacer como los suecos o hacerse el sueco

Esta semana nos han recordado que el metánalisis que comentamos en este blog en septiembre del año pasado —en el que los condroprotectores de administración oral no lograban demostrar una eficacia superior al placebo en pacientes con artrosis de rodilla o cadera— ha recibido algunas críticas. Circunstancia, por otra parte, de lo más habitual en estudios de similar relevancia publicados en una revista tan prestigiosa como el BMJ.

Las críticas se manifiestan en tres cartas al director publicadas en la misma revista y en varias “rapid responses” disponibles en su web, en las que se cuestionan la selección de los ensayos incluidos en el metanálisis, la metodología empleada y los resultados y conclusiones del mismo. En concreto, en una “rapid response” publicada el 10 de enero de este mismo año, uno de los editores de la revista expone que, aunque los métodos empleados en el estudio son impecables y sus resultados ciertos, es posible que las conclusiones de los autores —en las que se recomienda la no prescripción de estos productos y su no financiación con recursos públicos por parte de las autoridades sanitarias— estuviesen fuera de lugar en un artículo de esas características, dado que esas afirmaciones no responden a los objetivos para los que fue diseñado el estudio.

Es posible que los autores del metanálisis se hayan extralimitado en sus comentarios, opinando sobre cuestiones que a priori no les competen. Quizás el BMJ no era el sitio para decirlo. No obstante, la opinión de que estos productos no deberían ser financiados por los sistemas sanitarios públicos no proviene sólo de este estudio sino que está avalada por la ausencia de evidencias claras de su eficacia en el tratamiento de la artrosis, tanto sintomática como estructural.

La prueba está en que otros organismos competentes sobre este tipo de decisiones se han manifestado en el mismo sentido. Tal es el caso de la Agencia de Beneficios Farmacéuticos y Dentales sueca (TLV), de la que nos hablaban el otro día nuestros compañeros de “Hemos leído”. La TLV es la encargada de decidir sobre la financiación pública de los medicamentos y otras prestaciones sanitarias en Suecia, empleando métodos de evaluación económica y basándose en argumentos de coste-efectividad. Pues bien, en mayo de 2010 la TLV aprobó la exclusión de la glucosamina del listado de medicamentos financiados afirmando que su empleo no es coste-efectivo y que, de esta forma, el dinero que se ahorre con la medida podrá ser empleado para financiar áreas de mayor urgencia dentro del sistema sanitario sueco.

Además, la TLV también se ha pronunciado sobre la financiación de los condroprotectores de administración intraarticular, en concreto del ácido hialurónico, adoptando la misma decisión que en el caso de la glucosamina. La situación de estos productos en nuestro país cuenta con el agravante de que, a diferencia de los condroprotectores orales —que en España están autorizados como medicamentos por parte de las agencias reguladoras—, los de administración intraarticular se encuentran comercializados mayoritariamente como productos sanitarios. Esto implica que no se puede garantizar que cumplan con las mismas garantías de calidad, eficacia y seguridad que los medicamentos. Además, dado que las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los hospitales no suelen evaluarlos y que mayoritariamente son adquiridos por circuitos ajenos a los servicios de farmacia, es frecuente que “campen a sus anchas” en nuestros hospitales y que nadie se ocupe de valorar si su uso en terapéutica es apropiado o no.

A diferencia de Suecia, en España la financiación de los medicamentos y productos sanitarios no se decide en base a criterios de coste-efectividad, a pesar de los múltiples anuncios de cambio que la realidad se empeña en desmentir. En España preferimos seguir haciéndonos los suecos. Y así, se hacen los suecos tanto la autoridad competente en la decisión de financiar como los médicos que siguen prescribiendo unos productos iguales a placebo en los que nuestro Sistema Nacional de Salud se gasta casi 100 millones de euros anuales.

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